“La esperanza es lo último que se pierde”
Frase de
aliento popular
Formato del
Futuro…
El 16 de
Julio de 2017 se inscribe en la historia política venezolana como un día
definitivamente importante. Algunos analistas, desde ya, lo han
denominado “día bisagra”.
Los
ciudadanos de a pie, sencillamente, lo califican como el día cuando una
población desesperada por encontrarse con un futuro de nuevas oportunidades,
pudo hacer uso de derechos constitucionales individuales y expresar en tres
respuestas, un punto de vista, un sentimiento y una convicción. De igual
manera, dar a conocer un aporte participativo acerca de temas
trascendentales para la nación.
Desde el 17
de julio, entonces, en Venezuela habrá comenzado a gestarse un cambio, más allá
de lo que consideren y estimen los que están al frente del Gobierno, y se creen
insustituibles e indispensables. Asimismo, de lo que estimen quienes afirman
ser la alternativa sustitutiva, casi en términos de posibilidad salvadora de la
situación de crisis económica, social y política. Inclusive, del
desmoronamiento estructural de la que, alguna vez, fue la base ética y moral de
una nación referencial en el Continente.
Es un
cambio que se da porque una población deja de ser simplemente pueblo, para
convertirse en ciudadanía comprometida con su mañana. No a partir de lo que es
capaz de gestar lo indigno. Sí en obediencia a lo que surge de un sentimiento
de rechazo al reconocimiento de que Venezuela, su país, su Patria, no puede ser
y depender de sus lastres históricos, como de su miseria cultural, y de la
vergüenza que provoca ser visto e identificado ahora en el mundo por ocupar la
primera posición en todo lo peor que distingue a una nación en bancarrota.
Definitivamente,
sí. El venezolano aprendió y entendió que él no es más burdo
"pueblo”. Porque es y se siente "ciudadano". No más súbdito.
Tampoco activista de una falsa monarquía y de un absolutismo
ramplón, cuya sustentabilidad depende del trato utilitarista de gente
útil únicamente para ser abusada y explotada.
Finalmente,
se ha dado una circunstancia política que ha hecho posible que el
venezolano se considere expresión de un poder originario, del que forma parte,
y el cual sólo es posible cuando sus integrantes se sienten dueños de sus
derechos. Asimismo, de alternativas que incluyen la posibilidad de disponer
cuál es el camino por el que quiere andar y avanzar; el destino y la meta.
que ansía
conquistar; la manera de decidir cuál es el líder digno de elegir y de
acompañar en la conducción del esfuerzo organizado, en atención a las
aspiraciones y propósitos que estructuran la esperanza misma de la sociedad.
Una dura y
prolongada experiencia, entonces, termina siendo aprendizaje. Enseñanza de casi
dos décadas de violencia, de ruina y más recientemente de hambre. De
entendimiento que las sociedades son posibles, única y exclusivamente cuando
existe plena conciencia de que la vida en comunidad lleva implícita la
aceptación de comportamientos equilibrados en torno a lo que son derechos y a
lo son deberes. Y de reconocimiento a que progresar y conquistar bienestar
social, no es compatible con el sometimiento sumiso al dulce sonido de los
cantos de sirenas, del rebuscamiento conceptual de falsos mesías, perseverantes
en el mercadeo sistemático del pan y del circo.
Desde
luego, no todo cambio conductual apuntalado por un necesario sentimiento
evolutivo, garantiza estabilidad y una prolongada transformación de largo
plazo. Y ese es el reto para la dirigencia nacional; llamada a entender la
oportunidad, como también a echar las bases confiables del nacimiento y
comportamiento de esa novedosa ciudadanía, heterogénea en su conformación
y en la interpretación de su forma de vida.
Dar pasos
en razón y obediencia a esa expectativa, implica, desde luego, la existencia de
una dirigencia diferente y de una forma de dirigir distinta a lo vivido y
sufrido. Porque hay que exigir, pero también evitar engaños. La burocracia
estructurada tiene que dejar de ser un arreo clientelar, y convertirse en la
expresión de una formación académica, capaz de darle sustentabilidad y vigencia
al mérito, cuya trascendencia siempre tiene que ser afianzada por la
rendición de cuentas.
Después del
16 de Julio y de que millones de ciudadanos se expresen en procura de una
reconciliación, la más acertada decisión nacional debería ser admitir la
urgente necesidad de convocar a los mejores, cambiar el rumbo y negociar
únicamente la más eficiente manera de superar la dramática situación
socioeconómica que agobia al país. Y que comienza por poner énfasis en la
recuperación inmediata y progresiva de la producción nacional, como de la
educación en sus diversas fases académicas.
No más
odio. Mucho respeto. Porque si esa no fuera la respuesta y reacción de
quienes gobiernan y conducen a la población que ansía cambio,
peligrosamente, se pudieran estar abriendo las compuertas para una
posible activación de la violencia, en una dimensión y proporción de lamentable
pérdida de vidas inocentes.
En el caso
de las Fuerzas Armadas, conformadas e integradas por venezolanos, también
están llamadas a interpretar objetivamente lo que suceda. No a delegar en manos
y sentimientos foráneos, la difícil y exigente responsabilidad de evitar que en
Venezuela, se repita lo que, en su momento, terminó convirtiéndose en España en
una guerra civil.
A los
venezolanos de uniforme, definitivamente, no les corresponde avivar
parcialidades; arengar resentimientos; sí arbitrar reconocimientos entre
civiles; impedir que las soluciones se tengan que diseñar entre concepciones
cuartelarias, y una visión uniformada del entendimiento de lo que traduce ser
una isla contra un Continente en lo que hoy priva es la expectativa por una
verdadera solución hermanada en Venezuela.
Los
soldados, entonces, deben plantearse regresar a sus cuarteles; a su única
razón de ser constitucionalmente: la defensa territorial, de las fronteras, de
los habitantes, y siempre en obediencia estricta a los mandatos de la
Constitución venezolana. Y hacerlo subordinados al poder Civil electo
democráticamente por los ciudadanos, por aquellos que configuran el genuino
"poder originario".
Respaldar,
avalar y consagrar en actitud sumisa la caprichosa Asamblea Constituyente
Comunal, a la vez que se desconoce la voluntad ciudadana, no configura el
soporte objetivo imprescindible para rescatar y reestructurar el país,
indistintamente de que se insista en que sí es indispensable cambiar las reglas
del juego.
Por
supuesto, en este caso, cambiar implica revisar, ciertamente, parte del
articulado de la Constitución que, en el momento de su aprobación, denominaron
la mejor del mundo, si bien no pasó de ser otra cosa que un traje hecho a la
medida para el difunto Hugo Chávez. No de concebir y de confeccionarle
otra Constitución al actual Presidente, a su gusto, a su medida y para sus
fines. Debe ser cambiar en favor y beneficio del país, teniéndose en
consideración que la de 1999, hecha con base en los postulados y propuestas
esgrimidas por una Constituyente, se direccionó para que el soberano
respondiera a los llamados del Mesías de entonces, del mismo que luego terminó
incumpliendo sus promesas y compromisos, y conduciendo a Venezuela al estado de
miseria en el que se sume actualmente.
Es
innegable: nuevamente, la historia le brinda otra oportunidad a los
venezolanos, para que cambien las reglas de juego con miras a detectar y
transitar por el camino correcto, legal y oportuno. Y es por lo que no se
entiende la posición gubernamental. Ya que lo que habría que hacer, es acogerse
a un procedimiento reglamentario basado en lo que establecen la Constitución y
la Ley Electoral. Y que contemple la elección de unos Constituyentistas que
piensen por y en el país y sus regiones, sin depender de influencias de
falsos líderes; propiciar cambios en favor del regreso al mandato bicameral,
reconociéndole equidad e importancia a todos los Estados, a partir de una
mayor autonomía, autogestión y descentralización; asignar presupuestos acordes
a las características locales y a la recaudación, la producción y el desarrollo
programado.
De igual
manera, lograr una auténtica independencia de los poderes públicos; instaurar
la doble vuelta electoral; reconocer la importante estratégica del
derecho de propiedad y la libertad económica; eliminar el concepto de estado
empresario y tantas otras necesarias para situar al país en una verdadera senda
de justicia y desarrollo. Mejor dicho, todo lo que configura aquello que hoy se
requiere: promover condiciones para que el trabajo permita lograr una
verdadera calidad de vida a los ciudadanos.
Para llegar
hasta allí, en un ambiente de paz y de concordia, es imprescindible asumir que
ya existen reglas de juego constitucionales. Son las que hacen posible elegir
una autónoma y legal Asamblea Nacional Constituyente, con base en la
participación del poder originario en elecciones libres y por votación popular
de acuerdo a las mayorías. Dicho de otra manera, es lo que ha venido
proponiendo desde hace años un equipo de venezolanos liderado por Enrique
Colmenares Finol, junto a un calificada estructuración multidisciplinaria, a
partir del previo recorrido y trabajo por todo el territorio nacional, y que se
ha ocupado de estudiar a fondo las necesidades y el aprovechamiento
eficiente de los recursos naturales y humanos del país.
Dicha
propuesta, conocida como "Proyecto País por una Venezuela Reconciliada Vía
Constituyente", contempla un ya completo Proyecto, listo para ser puesto
en práctica, con propuestas individualizadas por regiones y temas.
Lamentablemente, el concepto "Constituyente" fue satanizado por la
actual propuesta de propósitos absolutistas y con un fin netamente comunista.
Hoy el
Gobierno apuesta a la consagración de su jugada. No basado en el respaldo del
poder originario, porque carece de él. Sí en el propósito de afianzar la compactación
de poderes alrededor de la figura presidencial, la inexistencia de nuevas
posibilidades electorales, y la anulación total del ejercicio de los derechos
ciudadanos. Se trata de objetivos que reposan, por otra parte, en la
anulación del reclamo de los venezolanos, hoy obligados a obedecer a esa
presunta omnímoda voluntad individual, aparada en una supuesta unidad
cívico-militar.
Sin
embargo, el mundo libre y la mayoría de los venezolanos de innegable convicción
democrática y libertaria, perseveran en la convicción de que dicha Asamblea
absolutista no conduce a ningún camino, salvo al de la confrontación y el
distanciamiento entre los venezolanos Y que no es improbable que en
un futuro próximo, el soberano pueda lograr el nombramiento de una legítima
Asamblea Nacional Constituyente, fundamentada en elecciones libres y con
bases comiciales apropiadas y de equidad territorial justas, acorde al
censo poblacional.
Sólo así,
entonces, la nueva ciudadanía, la que emergería de lo que sucederá el 16 de
julio, hará posible que se evite caer en más de lo mismo: que en un
futuro no muy lejano, se regrese a otro populismo exacerbado y a su marea
roja rojita. Y sería así, sencillamente, porque habrá una base constitucional
estructurada por y para la sociedad venezolana, y no para que le sirva de
instrumento antidemocrático a la misma minoría que hoy actúa desconociéndole
derechos a millones de venezolanos.
Egildo
Luján Nava
Coordinador
Nacional de Independientes Por el Progreso (IPP)
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